Anthropic demanda al Departamento de Defensa por la etiqueta de riesgo en la cadena de suministro

Anthropic presentó dos demandas contra el Departamento de Defensa el lunes en California y Washington, D. C. La acción legal sigue a la decisión del Pentágono a finales de la semana pasada de etiquetar a la empresa de inteligencia artificial como un riesgo en la cadena de suministro, una designación regulatoria utilizada por el gobierno de EE. UU. para restringir a los proveedores. En una demanda presentada en San Francisco, Anthropic calificó las acciones del gobierno como sin precedentes e ilegales, y acusó a la administración de represalias.

La designación de riesgo en la cadena de suministro provocó la rescisión del contrato OneGov de Anthropic, un contrato del gobierno federal gestionado por la General Services Administration (GSA). Esta rescisión puso fin a la disponibilidad de los servicios de Anthropic en todo el gobierno federal. Anthropic argumenta que el Departamento de Defensa emitió la designación sin seguir los procedimientos requeridos. Según la ley de adquisiciones federales, tales acciones generalmente requieren que las agencias realicen una evaluación de riesgos, notifiquen a la empresa afectada para permitir una respuesta, realicen una determinación escrita de seguridad nacional y notifiquen al Congreso antes de excluir a un proveedor.

La batalla legal surge de un conflicto sobre la seguridad y la vigilancia de la IA. Anthropic había establecido límites en su tecnología, negándose a permitir su uso para la vigilancia masiva de estadounidenses o para impulsar armas totalmente autónomas. En respuesta, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, argumentó que el Pentágono debería tener acceso a sistemas de IA para “cualquier propósito legal”. Tras las declaraciones de Hegseth y del presidente Donald Trump, quien ordenó a las agencias federales que dejaran de usar la tecnología de Anthropic, la GSA rescindió el contrato. La administración, incluidos el presidente Trump y el secretario Hegseth, ha criticado anteriormente a Anthropic y a su CEO, Dario Amodei, calificándolos de “woke” y radicales por las posturas de seguridad de la empresa.

En su demanda, Anthropic argumentó que la Constitución de EE. UU. impide que el gobierno utilice su poder para castigar a una empresa por su discurso protegido, lo cual define como sus creencias sobre la seguridad de la IA y las limitaciones de sus servicios. La empresa también argumentó que las acciones del gobierno infligen un daño inmediato a su negocio y a un público global que merece un diálogo abierto sobre el papel de la IA en la guerra y la vigilancia. Anthropic presentó una queja por separado ante la Corte de Apelaciones del Circuito de D. C. para revisar y anular la designación de seguridad nacional. Un portavoz de Anthropic declaró que buscar una revisión judicial no cambia el compromiso de la empresa de utilizar la IA para la seguridad nacional, pero calificó las demandas como un paso necesario para proteger su negocio, sus clientes y sus socios.

Por qué importa

La disputa destaca la creciente fricción entre los laboratorios de IA y el gobierno de EE. UU. sobre los estándares de seguridad, la vigilancia y los límites del poder ejecutivo en las adquisiciones federales.